H I S T O R I A  Y  S O C I E D A D
Boletín electrónico

 


 

Por Bachiller Keilyn Martin*

El derecho a un ambiente ecológicamente sano y equilibrado es una obligación que se debe cumplir. Así lo estipula el Artículo 21 de la Constitución Política, y otras legislaciones nacionales como la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley General de Salud. La gestión ambiental es un mecanismo que garantiza este derecho fundamental y se puede ejercer desde un ámbito tanto público como privado. En esta área, los actores sociales como la sociedad civil, el gobierno y las empresas, pueden participar. Merino, L. y Sol, R. (2005). El desarrollo sostenible y la política ambiental deben complementarse, ya que la gobernabilidad ambiental debe garantizar la evolución de políticas relacionadas a esta, para alcanzar mejores niveles sociales y económicos, por esto tanto en el ámbito nacional y comunal debe realizarse por medio de instrumentos políticos y técnicos para garantizar que las acciones que se tomen sean efectivas.

La gestión ambiental pública, tal y como lo plantea el MINAE (2015) en su Agenda Ciudadana en Materia Ambiental, se debe orientar por medio de la implementación de la política ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo; decantando en temáticas importantes y urgentes como el ordenamiento territorial, los Planes Reguladores Municipales, el calentamiento global, conservación del patrimonio natural (biodiversidad, recurso hídrico y geológico), la producción energética sostenible, las Evaluaciones de Impacto Ambiental y la gestión de residuos, guiadas por el principio de la transparencia y con la inclusión de la participación ciudadana.

En cuanto al acontecer en estos temas, el gobierno actualmente se encuentra desarrollando acciones como el establecimiento de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, certificaciones y reconocimientos ambientales (Programa Bandera Azul Ecológica y los Certificados de Sostenibilidad Turística), elaboración del Programa de Fomento de la Producción Agrícola Sostenible y el Reconocimiento de Beneficios Ambientales, la consolidación de los Programa de Pagos de Servicios Ambientales (PSA), el fortalecimiento del Manejo y Aprovechamiento de Bosques bajo Principios y Criterios de Sostenibilidad, así como avances significativos en la política nacional para Contender con Incendios Forestales, publicación del Plan Nacional de Energía, implementación de la Política Nacional de Biodiversidad, ejecución de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Recursos Marinos y Costeros, entre otras. (MINAE, 2018). En una escala más pequeña, se puede destacar que muchas instituciones públicas y privadas están implementando los Planes de Gestión Ambiental Institucionales (PGAI). (DIGECA, 2016).

Sin embargo, aún se enfrentan problemas por por una gestión ambiental inadecuada. Por ejemplo, aún existen recargas a zonas acuíferas por el aumento en las construcciones, la industria pesquera que ejerce presión sobre poblaciones marinas, incremento en la flota vehicular asociada al aumento de gases de efecto invernadero, vulnerabilidad de zonas rurales a desastres naturales, rol limitado en el ordenamiento territorial en cuencas hidrográficas, falta de cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, falta de Planes Reguladores, conflictos por el uso de aguas en el país y falencias en el abastecimiento de agua de calidad, entre otras. (MINAE, 2018)

Las problemáticas nacionales, como las mencionadas anteriormente, son muy difíciles de enfrentar para el gobierno.Es por esto que la descentralización de funciones públicas se puede hacer por medio de las municipalidades, que juegan un rol fundamental en el cumplimiento y avance de normas ambientales. El Código Municipal y la Constitución Política, establecen que a estas les compete todo lo relacionado con la administración de los intereses locales, incluidos los ambientales por esto, la gestión en este ámbito las obliga a atender a un desarrollo humano sostenible, respetando los principios del derecho ambiental. Peña, M. (2007).

La Ley Orgánica del Ambiente, Ley General de Salud, Ley de Planificación Urbana, Ley de Construcciones, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley de Uso, Conservación y Manejo de Suelos, Ley Forestal, Ley de Biodiversidad, Ley de Aguas, entre otras obligan a los gobiernos locales a atender dichas problemáticas. Según Castro, R. (2007)

          Estas exigen el cumplimiento de distintas competencias establecidas, por medio de estructuras administrativas que atiendan al ambiente, sin embargo, la solo el 36% de los cantones afirma poseer alguna de ellas. Por el otro lado, de las que la poseen, el 90% funciona de manera activa. Rodríguez, G. (2006) Por ejemplo, deben contar con una Comisión Permanente de Asuntos Ambientales (según el Código Municipal) y pueden contar con Oficinas Ambientales; aunque no se cumple en todos los casos. Castro R. (2007). Aún peor, el 64% de los municipios, no cuentan con las herramientas para el conocimiento e infraestructura administrativa ambiental. La mayoría solo tienen un funcionario que se encarga de coordinar y ejecutar los proyectos ambientales, con una mayoría de profesionales formados en ciencias ambientales o relacionadas. Un aspecto positivo es que los municipios que más destinan dinero al accionar ambiental poseen oficinas para dicho tema, sin embargo la mayoría destina muy poco dinero a este aspecto. Rodríguez, G. (2006).

Otras obligaciones de las municipalidades incluyen la planificación del territorio a través de planes reguladores , la recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, tratar la materia de aguas negras, servidas y pluviales, manejo de acueductos y la protección de las nacientes y zonas de recarga acuífera cantonales. Sin embargo, a veces estas funciones se intersecan con competencias de otras instituciones del Estado, por lo que la duplicidad es un problema recurrente. Castro, R. (2007). Sucede con el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Planificación, Instituto Costarricense de Turismo, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, entre otras, debido a la intersectorialidad del tema ambiental.

A pesar de que las leyes existentes exigen el cumplimiento de sus funciones, esto no siempre se da. Al acontecer esto se pueden mostrar ejemplos del pasado donde se ha llegado al punto de recurrir a denuncias hacia las instituciones públicas. Un ejemplo de esto es el Voto 5895-07, conocido como Voto Garabito- En este caso, el Partido Garabito Ecológico denuncia, por medio de un recurso de amparo , al Presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, el Presidente Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Gerente General de la Caja Costarricense del Seguro Social y a 34 municipios, debido a la contaminación existente en el río Grande de Tárcoles. Esto debido a que amenaza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y ha producido la degradación ambiental de la cuenca. La causa es el vertido de desechos tanto líquidos como sólidos, originando la cuenca más contaminada del istmo centroamericano, según el periódico La Nación (2007). La denuncia se da por el incumplimiento de varias disposiciones legales mencionadas anteriormente. Según Castro, A, (2017) , la sentencia que dirigió la Sala Constitucional se derivó en la creación de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles a cargo del Sistema Nacional de Áreas de Protección. En el Voto, la Sala reconoce la creación del Canon Ambiental por Vertidos como un instrumento económico de regulación ambiental, bajo el principio de “quien contamina, paga”, sin embargo, se critica que no ha servido, porque han incrementado el número de vertidos ilegales, además el dinero recogido no se pudo ejecutar hasta el 2015.

El Voto Garabito es solo un ejemplo de cómo la gestión ambiental local inadecuada tiene repercusiones en el país cuando las municipalidades no cumplen las normas ambientales y cómo se le debe dar un seguimiento a las medidas aplicadas. Entre las acciones positivas ante las problemáticas ambientales locales se pueden mencionar iniciativas como el Índice de Gestión Ambiental Municipal. En este, la Contraloría General de la República, evalúa cinco ejes temáticos, incluyendo la gestión de desarrollo ambiental. Ese rubro toma en cuenta la recolección de residuos, su depósito y tratamiento, así como el aseo de vías y sitios públicos. Ya se han logrado resultados y análisis en cuanto a los datos que brinda el Índice. Específicamente, en el 2016, las Municipalidades que mayor puntuación por provincia tuvieron son San José, San Carlos, Cartago, San Rafael y Flores (ambas tuvieron puntuaciones muy altas), Abangares, Limón y Puntarenas. Sin embargo, de manera general se encontró que en este eje hubo un descenso experimentado en los servicios de recolección y depósito y tratamiento de residuos sólidos y aseo de vías, lo que disminuyó su puntuación.

Lo anterior es solo una evidencia de las múltiples que muestran la presencia de la gestión ambiental en Costa Rica, que aún posee limitaciones, dificultades y faltas en su cumplimiento. A pesar de que el país posee amplia legislación ambiental y pertenece a múltiples tratados y convenios internacionales, las problemáticas aún se hacen presentes y existe aún gran rezago en acciones que se han implementado mal o no se han hecho del todo. Actualmente, se denuncia al gobierno por incumplimientos a nivel nacional y local. Ejemplo de esto son las denuncias recientes por temas como la pesca de arrastre, la expansión piñera, la pesca de tiburón, el uso de productos agroquímicos, el crecimiento urbano no planificado y la falta de comunicación con las comunidades, según Chacón, V. (2017), así como la resolución final de los problemas mencionados anteriormente. La gestión ambiental, en general, es una obligación compartida porque los recursos naturales son de todas las personas, por eso, surge como un espacio claro que ayuda a fortalecer por medio de la planificación, información y participación social las capacidades para buscar y mantener un desarrollo humano sostenible (Programa Estado de la Nación (Costa Rica), 2008.) Finalmente, es por lo anterior que, se debe realizar por medio de un monitoreo sistemático y transparente, manteniéndose constante, a fin de mitigar los impactos que se han causado sobre el patrimonio natural costarricense

*Bachiller. Keilin Martin. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Biblografía

Castro, A. (2017). Tárcoles: A la espera de un milagro. Semanario Univesidad. Obtenido de: https://semanariouniversidad.com/pais/httpsemanariouniversidad-ucr-crtarcoles/

Castro, R. (2007) Décimocuarto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Regulación ambiental y capacidades institucionales en los gobiernos locales. Programa Estado de la Nación. Defensoría de los Habitantes. CONARE.San José, Costa Rica. Chacón, V. (2017) Ambientalistas reclaman incumplimientos del Gobierno. Semanario Universidad. Obtenido de https://semanariouniversidad.com/pais/ambientalistas-reclaman-incumplimientos-del-gobierno/

Contraloría General de la República. (2017) Índice de gestión Municipal. Resultados del Período 2016. Obtenido de https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/inf_opinion/2016/igm2016.pdf

DIGECA ([1] 2016). Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI)- Informe Anual 2016.San José, Costa Rica

La Nación (2007). Un voto trascendental. Obtenido de https://www.nacion.com/opinion/un-voto-trascendental/J5ZKLWJOMFE5BAGT3VJU6JD4RY/story/

Merino, L., Sol, R. (2005) Undécimo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Elementos sobre la participación de la sociedad civil en la gestión ambiental. Consejo Nacional de Rectores y Defensoría de los Habitantes. San José, Costa Rica.

MINAE (2015). Hacia una agenda en la gestión ambiental pública para la ciudadanía. Carta personal del MINAE. San José. Costa Rica.

Programa Estado de la Na[2] ción (Costa Rica), (2008). Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible un informe desde Centroamérica y para Centroamérica / Programa Estado de la Nación. San José Costa Rica.

          Rodríguez, G[3] . (2006) DÉCIMO TERCER INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE Informe Final Gestión Ambiental Municipal y Participación Local. Programa Estado de la Nación. Defensoría de los Habitantes. CONARE. San José, Costa Rica.

Peña, M. (2007) [4] Costa Rica: Régimen Municipal y Medio Ambiente. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Univerisdad Autónoma de México.

         

*Bachiller. Keilin Martin. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.;


http://www.digeca.go.cr/sites/default/files/documentos/informe_pgai_2016.pdf

https://www.vanderbilt.edu/lapop/multicountry/2006-desarollohumano.pdf

https://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/013/Gestion-Ambiental-Municipal-Participacion-Local.pdf

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2545/10.pdf