H I S T O R I A  Y  S O C I E D A D
Boletín electrónico

 


 

   

    Costa Rica es un país presidencialista donde el control político lo ejerce la Asamblea Legislativa, el llamado Primer Poder de la República, el cual se encarga, entre otros asuntos, de aprobar las leyes que rigen en el Estado costarricense.  Este cuerpo legislativo está conformado por 57 miembros, elegidos junto al presidente y vicepresidentes de la República, por un periodo de cuatro años.  La última elección de diputados se dio en febrero de 2018, momento en el cual ningún candidato a la presidencia resultó ganador, lo que significó que por segunda ocasión consecutiva debiera realizarse una segunda ronda electoral para definir quién debía asumir el mando del Poder Ejecutivo.

   Quienes conforman la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica son representantes directos de los intereses de cada costarricense ante el Estado que les agrupa y deben responder, en consecuencia, a lo que en una democracia representativa como la nuestra, les sea demandado por sus representados.  Sin embargo, la elección que todo ciudadano realice de sus representantes se lleva a cabo mediante la elección de “listas cerradas y bloqueadas” que han sido definidas por las asambleas internas de los partidos políticos que desean participar en el proceso electoral.  Esto quiere decir que si una persona decide emitir su voto para seleccionar a estos trabajadores legislativos, lo debe hacer por un grupo de personas que una agrupación política le propone sin poder interferir de ninguna manera en la forma y orden en que esas listas están ya constituidas a la hora de efectuar los trámites de inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

     No obstante, en los últimos años hemos visto como los diputados cada vez más forman una bancada independiente del partido político que los llevó a ocupar su curul en la Asamblea Legislativa, saliéndose del control interno que los partidos tienen para conocer el comportamiento que ellos tienen en sus funciones legislativas.  Ya lo hemos visto, por ejemplo, en este periodo que se inició el 1 de mayo de 2018 y finalizará el 30 de abril de 2022.  Si no forman una bancada aparte, se declaran independientes de manera individual o, incluso, formando parte de la agrupación que “los llevó a Cuesta de Moras”, presentan graves errores en sus intervenciones, actividades, criterios y accionar ante las diferentes situaciones que el país pueda estar atravesando.  Muchas veces vemos como hacen lo que quieren en relación con el partido al que pertenecen.

     Esto nos pone a pensar si realmente hay una selección del personal idóneo que se sentará en su asiento parlamentario, tal como en cualquier institución o empresa pública o privada debe efectuarse para garantizar un trabajo eficiente, eficaz y oportuno en pro del bienestar común, como en este caso del Estado costarricense.  Ya se han comenzado a escuchar criterios acerca de la necesidad de reformar el sistema de elección de diputados, en algunos casos de elegirlos desde diferentes listas, en otras de aumentar el número de personas elegidas a la Asamblea Legislativa, así como variar los mecanismos de postulación.  Sin embargo, nadie ha cuestionado la idoneidad al cargo de cada aspirante que desea asumir su rol como legislador.  Esta participación está definida por el “trabajo político” que haya realizado para su partido de pertenencia y poco más.  No hay muchos requisitos que cumplir para someterse a un proceso de elección popular de esta naturaleza.

     Costa Rica necesita mejorar los procesos de elección popular, donde realmente quienes resulten elegidos entiendan que su puesto no es motivo para tomar ventaja sobre el pueblo, sino que deben hacer caso de lo que el Estado requiere para su mejor funcionamiento y poder velar por el bienestar de la población.  Ya no es posible seguir permitiendo que la aspiración de una persona para tener una curul en la Asamblea pase solo por su “trabajo político” sin que importe realmente si sus capacidades morales, personales, ciudadanas y hasta educativas le puedan ser valiosas o insuficientes para promover su candidatura y, eventualmente, su trabajo para el pueblo.  Una candidatura de este tipo debe entenderse como la ocasión para servir al país, no de servirse del país, como pasa frecuentemente con tantas personas elegidas en cargos de la función pública por medio de procesos electorales muchas veces poco claros.

     Cada persona que decida participar con su voto en un proceso de elección debe también ser consciente de su papel determinante en quienes ocuparán esos cargos.  Debemos asumir la ciudadanía con mayor responsabilidad, participando de las elecciones con un voto realmente informado que nos permita decidir quién conviene y quién no a los intereses de la Patria. El ejercicio de la ciudadanía no se refiere solo a la libertad de decidir si se participa en los procesos electorales, sino también al hecho de que se tiene la capacidad y responsabilidad de evitar seguir teniendo personas que no responden a los intereses ciudadanos.  No es posible votar más por una “lista cerrada y bloqueada” que nos impide elegir a quienes, en nuestro criterio, son idóneos para cumplir con su responsabilidad de representantes de una mayoría. 

     Es hora de que se nos abra la posibilidad de elecciones realmente participativas donde se elija personas a un cargo, no a un grupo de personas para conformar una bancada legislativa que muchas veces toma poses revanchistas u obstaculizadoras de la gobernanza y la gobernabilidad del país.  El voto debe ser meditado una y otra vez, libre de ataduras, consciente de la realidad que se vive y los intereses nacionales, pero debe sobre todo ser responsable y evitar situaciones que nos avergüencen o nos compliquen aún más la toma de decisiones necesarias y pertinentes a partir de lo que como ciudadanos estamos en capacidad de exigir en procura del bien común, no de las prerrogativas individuales o partidistas con miras a la próxima jornada electoral.

Cátedra de Historia de la UNED