H I S T O R I A  Y  S O C I E D A D
Boletín electrónico

 


 

Por Mag. Ronald Obaldía González*

     EL ROL DEL ESTADO ESTRATEGA Y PROTECTOR cobró otra vez relevancia frente a la etapa tumultuosa del coronavirus, tanto en América como en el resto de los continentes, víctimas de la disminución de la actividad económica y comercial. La aparición de la enfermedad, al mismo tiempo hubo de agravar las brechas sociales que ya prevalecían (Sabina Alkire y Juan Manuel Santos).

      Los habitantes del planeta se han dado cuenta del rol primordial que deben cumplir los sistemas de salud, casi a modo de cruzada, en el tanto haya un Estado (democrático – liberal), quien asuma responsabilidades de proteger a la gente, particularmente la de reducir sus privaciones en los niveles de vida.

      En esta línea, el Estado “blando” - diferente al devoto de la austeridad - atrae la atención de las obligaciones que le corresponde a las colectividades nacionales, en lo que respecta a la seguridad, la convivencia, el aprovisionamiento de agua y alimentos (Nadia Calviño), en cuenta el cumplimiento de los protocolos y medidas sanitarias.

     Cabe destacar que hasta ahora múltiples Estados han ejecutado, en medio de la emergencia global, una gama de políticas de respaldo presupuestario, a pesar de las implicaciones en los déficits hacendarios. Los Bancos Centrales han mantenido “a flote las economías (locales), inyectando liquidez” a las unidades empresariales y las familias perjudicadas a causa del desempleo; han sostenido tasas de interés “al mínimo” dentro de los planes de estímulos a la reactivación y la reinvención de los sistemas productivos.

     Porque la figura del Estado se ha reconstituido en medio de la actual pandemia, esto nos impone perfeccionar la visión y el desempeño de la economía de mercado, ella por sí sola será incapaz de ofrecer respuestas viables a las fracturas sociales y económicas de la fase postcovid.

     El Estado habrá de adherirse siempre a los fundamentos de los derechos humanos, así como fomentar relaciones pacíficas y fecundas con la comunidad internacional, en lo correspondiente a enfrentar la pobreza estructural, los desbordamientos migratorios, las secuelas del cambio climático, los desastres o las crisis humanitarias, las pandemias y las enfermedades, al igual que el terrorismo y el crimen organizado transnacional, éste responsable de violentar y erosionar los fundamentos éticos y políticos de los Estados nacionales.

     Con miras a los progresos en la recuperación de los mercados laborales a causa del coronavirus, así como en la contención de los desequilibrios y los desajustes sociales y económicos, de las desigualdades regionales (urbana y rural) al interior de los países, se requerirá tanto del compromiso del Estado, como de la efectiva solidaridad de los niveles sociales superiores, de las organizaciones empresariales, los donadores internacionales así como de los activistas de las sociedades civiles (Sabina Alkire y Juan Manuel Santos).

     LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE se ha caracterizado por el autoritarismo, la sobreviviente desigualdad desde los tiempos de la Colonia y la Independencia, lo que ha implicado la disparidad de poderes, la injusta distribución de la riqueza y de activos, materializada en el acaparamiento de las tierras, el fenómeno de mayor notoriedad y conflictividad (Luis Felipe López Calva).

     En esta ocasión nos interesa hacer comentarios acerca de nuestro subcontinente, nuestro mundo inmediato, tan frágil y lastimado por la propagación de la enfermedad del Covid-19. La enfermedad, que según la CEPAL, posee la responsabilidad de que el Producto Interno Bruto (PIB) de la región caiga en menos 7.7% en comparación al año del 2019; que el desempleo alcanzara e 31,2%, por lo que se calcula que la relativa recuperación podrá lograrse hasta el 2024.

     Lo primero es que los alarmantes retrocesos políticos en Latinoamérica producirán eco en la posposición de los compromisos profundos y permanentes frente a la superación del desgobierno. Se retardará “el progreso económico y social de cada sector de las naciones (Zia Khan y John W. McArthur), cuando en realidad los objetivos de la gobernabilidad y el desarrollo humano sostenible se hacen imperiosos en función de reducir de manera categórica la desigualdad en la distribución de la riqueza, la brecha digital, así también el “revertir el azote de la degradación ambiental” - causante de “los desastres meteorológicos y relacionados con el clima” - . En el entendido que la dignidad de las personas, la cohesión social, la conectividad digital, la salud - “la atención médica y la vacunación universales” -, la educación de los niños y los jóvenes, así también la descarbonizarían del sistema energético en aras del bienestar del planeta están indisolublemente entrelazados (Michael Froman).

     En este anormal periodo histórico, que obliga a la adopción de políticas previsoras, prácticas y equitativas (Alkire y Santos), América Latina tiene pendiente el compromiso de ocuparse en la modernización de los Estados Nacionales, con la mente puesta en lograr que su desempeño concuerde con las exigencias de la lV Revolución Industrial, en particular con el impulso de la tecnología digital y las variedades de “industrias tecnológicas dinámicas”.

     Por esto mismo, los aparatos burocráticos, de por sí costosos, dispendiosos, resistentes al cambio, tienen que alcanzar eficiencia, productividad, competencia probada en función de la puesta en perspectiva de la gobernanza democrática y pluralista, así como en la prestación de servicios públicos de elevada calidad.

     En este objetivo constituye una prioridad el perfeccionamiento de los sistemas de selección de los servidores públicos, es fácil comprobar los insignificantes aportes al funcionamiento de las organizaciones públicas, proporcionado por un considerable número de trabajadores, lo cual perjudica a la sociedad en su conjunto. Tales irregularidades se agravan ante los cargados privilegios remunerativos y ventajas excesivas, implementados a favor de dicho segmento de funcionarios, costeados por los presupuestos estatales, por lo que se prolonga la reproducción de las anomalías sociales, inherentes a la desigualdad entre los distintos conglomerados nacionales.

     En este sentido, no pocos teóricos aducen que los aparatos burocráticos en América Latina, quienes además de su incapacidad en la gestión tributaria, tienden a convertirse en un serio retroceso y obstáculo a la modernización social, a causa de la vigencia de instituciones superfluas e indolentes, que despilfarran los recursos. Aparte de la prevalencia de ataduras legales, la fastidiosa tramitología, el inmovilismo institucional, entre otras disrupciones, que las estructuran; todo lo cual opera como contrapeso a la creatividad, la innovación y el desarrollo, lo cual desincentiva las alianzas públicas y privadas. Mediante esta última modalidad, bien se podría mejorar la prestación de servicios públicos y multiplicar la inversión en las obras de infraestructuras en el contexto del Covid-19, entre una diversidad de emprendimientos.

     Lo antes dicho se justifica, por cuanto los Estados nacionales se ven sumamente limitados y sometidos a presiones populares, a causa de los déficits en las finanzas gubernamentales, el bajo crecimiento de los sistemas productivos y la inversión, el incremento del desempleo y la informalidad laboral, la reducción del consumo. Igualmente, constituye un lastre lo relacionado con el pago de las obligaciones con las deudas públicas (en particular la externa), en algunos países se avizora el “default”. Lo que conlleva que las agencias internacionales de riesgo degraden las calificaciones de los países en dificultades (o insolventes), al cabo que ni se inmutan en ignorar los impactos negativos de la pandemia en las finanzas y las economías de ellos (Luis Paulino Vargas Solís).

     ALTERNATIVAS POSITIVAS. Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) acaba de exponer su punto de vista acerca de las fortalezas acumuladas por América Latina y el Caribe, las cuales habrían de contribuir a sortear sus propias desigualdades estructurales. Antes de proceder a detallar algunas de ellas, hemos llegado a la convicción de que dentro de un pragmático proyecto de cooperación Sur – Sur podrían perfectamente calzar, a manera híbridos, las recomendaciones de Casado, habida cuenta que los países meridionales (entre ellos los de nuestra región) poseen un denominador común. Ellos ostentan la tierra con mayor biodiversidad, agricultura, copiosos recursos naturales, más riqueza hídrica, cultural, deportiva, gastronómica, turística (Casado, ídem), entre otras ventajas, destinadas a consolidar los mercados laborales.

     Los activos de nuestro subcontinente, incluida la diversidad étnica y cultural, sumados a la resistencia y la fortaleza propia de los habitantes de esta latitud, los encontramos además en el Asia, África, en la misma Oceanía. Sus colectividades nacionales se muestran destinatarias y habilitadas en la dirección de formarlas como capital humano, por la vía de los sistemas educativos tanto formales como informales. Serán ese escudo que les permitirá a las naciones en vías de desarrollo a enfrentar los desafíos tales como el atraso económico, los bajos ingresos, la pobreza - la raíz de las desigualdades -, así como los impactos de la pandemia del Covid-19.

     A favor de ellas será primordial hacer una gran inversión en el área de la conectividad digital, - el silencioso e imprescindible protagonista de la respuesta global frente a la pandemia (Jeffrey Sachs) -, con tal de facilitar el cierre de las brechas socioeconómicas.

     Al calcar el planteamiento del alto ejecutivo de la CEIB en aras de la superación del coronavirus, el modelo de cooperación entre los continentes meridionales ofrecería garantías a la agenda de la integración, cobrarían relevancia las cadenas intercontinentales de valor; se fomentarían el comercio, las inversiones intrarregionales e interregionales, las energías renovables; así como las transferencias del conocimiento científico y tecnológico, en cuenta la producción y la universalización del uso las vacunas y los tratamientos médicos, a bajo costo. Anclados estos propósitos multilaterales en el método de las mejores prácticas y reformas.

     En razón de lo anterior, hasta se posibilitaría la instauración y la puesta en funcionamiento, para exclusividad del ámbito geográfico meridional, de una institución homóloga a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), cuyos cometidos apenas se circunscriben a los Estados de elevados ingresos.

     Siguiendo con el fondo de las tesis de Casado, coincidentes con un posible esquema de Cooperación Sur – Sur , tampoco desmarcado de los bloques de naciones desarrolladas, vale denotar que allí habría cabida para la consolidación de la gobernanza democrática, basada en instituciones públicas robustas, confiables y eficaces, de tal suerte que sean idóneas para llevar a cabo la misión y las reglas de actuar y producir, acorde con el bien común y los intereses de las colectividades nacionales.

     Hemos viajado por el optimismo, ahora pasamos al reclamo. Y es que en el mundo en desarrollo (las naciones meridionales) hay un marcado déficit de voluntad colectiva, carácter y determinación; los urgentes y útiles comportamientos positivos, los cuales debe disponer la humanidad con miras a superar el atraso socioeconómico, los estremecimientos políticos, la pobreza estructural y la devastación ambiental.

*Mag. Ronald Obaldía González. Correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.