Por Mag. Ronald Obaldía*
A pesar del dominio de las Fuerzas Armadas sobre el Gobierno de Myanmar, estas han fracasado en lograr mantener el control sobre toda la geografía física nacional. El final del dominio colonial británico legó “un complejo entramado de grupos étnicos y lingüísticos en el país, que desembocó a lo largo de las posteriores décadas en luchas regionales por las autonomías territoriales”, la posesión de los recursos naturales, la identidad cultural y el acceso al narcotráfico. El resultado continúa siendo “el de una multitud de grupos armados que controlan de facto gran parte del norte y el este del país y que luchan constantemente contra el ejército birmano, dominado por la etnia Bamar” (L. Proto), comúnmente llamada también Birmania.
FENÓMENO DE “REVERSIÓN” HISTÓRICA. En esa nación Budista es sólida la tradición autoritaria, las persistentes cadenas de corrupción y la impunidad, al igual que en América Latina; hay un denominador común a pesar del extremado distanciamiento geográfico entre ambas regiones.
“Una década después de haberse entregado el poder a un gobierno civil, el ejército anunció a inicios de febrero de este año “que había tomado nuevamente las riendas nacionales”. El experimento relativamente democrático, a la vez controlado por la institución armada, estuvo lejos de haberla convencido. Los militares tomaron el control del país del sudeste asiático, después de que en las elecciones generales celebradas en noviembre del 2020, el partido Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi “ganó por abrumadora mayoría”. Así, entonces, el partido civil ganó el 83% de los escaños en disputa —396 de los 476 en liza—, mientras la oficialidad armada, representada por el Partido de la Solidaridad y Desarrollo de la Unión (USDP), solo logró 33 asientos. Tamaña e intolerable humillación.
La rebelión militar liderada por Min Aung Hlaing derrocó al Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (LND), detuvo a los políticos elegidos democráticamente en los comicios del 2015, en cuenta a la Premio Nobel, lo mismo que al presidente Win Myint, - ahora los militares los acusan de cualesquier cargos infundados -. Enseguida se estableció una junta gobernante, denominada Consejo de Administración del Estado (idem, BBC News; Proto). Respaldado por la cúpula militar, y al mejor estilo del estadounidense Donald Trump, la dirigencia del Partido de la Solidaridad y Desarrollo de la Unión (USDP), comenzó una campaña, “sin evidencias”, de desprestigio con denuncias de fraude electoral. Unas reclamaciones que, en parte, el Ejército utilizó de pretexto para dar el golpe el 1 de febrero del año en curso.
“Millones de personas de todas las edades, etnias y orígenes sociales pronto decidieron tomar las calles a diario, a lo largo y ancho del país”, con el propósito de confrontar el alzamiento militar. Sigue creciendo a un ritmo acelerado la letalidad de la represión, tras el golpe de Estado, por el cual se depuso al Gobierno democráticamente elegido, cuando comenzó a ejercer su mandato el pasado mes de febrero (L.Proto).
El baño de sangre ha provocado un éxodo de miles de refugiados birmanos hacia las fronteras de los países vecinos, algunos de los cuales están prohibiéndoles la entrada, lo que agrega una dimensión internacional a este conflicto (idem). Ha habido un nuevo golpe de Estado que arrastra recuerdos, además de causar temor en una nación multiétnica, la que hace una década, había iniciado la (quebradiza) transición democrática.
Suu Kyi ha recibido el respaldo de numerosos países occidentales, los cuales han condenado el golpe y exigido su liberación. Su reputación internacional se vio severamente dañada “por su aparente complicidad” con las masacres, ejecutadas por las Fuerzas Armadas contra la minoría musulmana Rohingyá. Sin embargo, el silencio suyo está siendo reexaminado a causa de su nueva detención, “la cual revela hasta qué punto su margen de maniobra estaba limitado a la hora de criticar las acciones militares” (L. Proto). En este caso de la persecusión contra esa minoría étnica, el ejército nacional “operó independientemente del gobierno”.
Las fatales consecuencias de la pandemia del Covid – 19; la presión internacional, a causa de la privación de los derechos de los Rohingya, sea que el ejército esté completamente seguro en enfrentar tal presión; los tradicionales abusos suyos contra los derechos humanos de la población entera, “con plena impunidad”; el riesgo de perder frente a un gobierno civil "la riqueza robada”, en cuenta los turbios negocios; todo ello podría suponer que fueron los factores determinantes que impulsaron a los militares a conspirar contra las elecciones de noviembre del 2020, e interrumpir la marcha de la sucesiva administración gubernamental. Eso pudo haberlos envalentonado (Aye Min Thant), por lo que tumbaron al gobierno civil de Suu Kyi. Aunque todavía hay esperanzas de que la ebullición se resuelva mediante la negociación, también el movimiento popular birmano aceleró las protestas masivamente; esto puede ocasionar una crisis mayor, quizás hasta llegarse a una guerra civil.
“CAPITALISMO MILITARIZADO”. Los observadores recalcan que la influencia financiera y comercial de la alta casta militar habrá de ser significativa y expansiva. Las reformas democráticas de la década pasada, solo serán posibles cuando los uniformados “regresen a los cuarteles". De ahí que se infiera que el golpe podría ser en parte un intento de proteger los mafiosos intereses, así como los conglomerados empresariales, lo que abarcan los Bancos, el comercio, el turismo, la minería (Joshua Cheetham.BBC News). Aung Pyae Sone, hijo del general y líder del alzamiento Min Aung Hliang, es propietario de varias empresas, incluido un balneario; él tiene una participación mayoritaria en el operador nacional de telecomunicaciones Mytel. Por su parte, el máximo dirigente golpista, el general Min Aung Hlaing figura entre los principales accionistas en el poderoso conglomerado CEML
El imperio empresarial de los militares contribuyó a impulsar en febrero de este año la caída del incipiente gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (LND). "Este grupo de generales ahora en el poder” , es casi el mismo que dominó el régimen del SPDC (una junta militar que gobernó Myanmar de 1997 a 2011). Ellos “han demostrado que se sienten perfectamente cómodos viviendo en un país aislado" (BBC NEWS).
Los grupos activistas de la oposición aseguran que el poner presión “sobre el bolsillo de la casta de los generales y sus allegados, transformar los conglomerados, será crucial en la reforma democrática. "Eso es lo que quiere la gente de Myanmar", dice Anna Roberts, directora de la organización Burma Campaign UK. "Quieren que los militares regresen a los cuarteles, y reclaman una economía civil, un gobierno federal civil”, estrictamente respetuoso de los intereses de la colectividad nacional (idem).
ENTORNO POLÍTICO POST – GOLPE. Los dirigentes políticos y legisladores civiles de Myanmar, la mayoría de los cuales se han escondido para evitar el arresto, han anunciado planes para formar hoy un “gobierno de unidad nacional” con (la arrestada) Suu Kyi al frente - también (polémica) Premio Nobel de la Paz - . El cual otorgaría roles sustantivos a los dirigentes de los diferentes y radicales grupos étnicos, otra evidencia de la creciente cercanía entre los partidarios de la democracia y los rebeldes armados (Reuters; L.Proto). La escalada de sangrienta represión de las Fuerzas Armadas, quienes rechazan el perder el control político y económico, está "alcanzando el umbral legal para juzgarlas por crímenes de lesa humanidad” (Tom Andrews, relator especial de la ONU). De recuperar el poder la Liga Nacional para la Democracia (LND) acusará a los generales por esto mismo ante los organimos internacionales competentes.
La respuesta es ”una causa común”, a decir de los antigolpistas. Ellos pueden conformar una alianza basada en milicias fuertemente armadas y con amplia experiencia en combate. “El conflicto de Myanmar corre el riesgo de seguir un rumbo similar al de Siria” (idem). La resistencia a la Junta ilegítima que anuncia un Gobierno de unidad nacional con (la arrestada) Suu Kyi al frente tiene como objetivo restaurar la democracia en el país asiático, siempre con el respaldo de otros partidos políticos, organizaciones civiles e incluso las guerrillas formadas por minorías étnicas. Se impone alejarse de la hegemónica visión “nacionalista” birmana —el grupo mayoritario étnico — que ha caracterizado el estandarte político del Tatmadaw (Ejército) y a los gobiernos previos (Paloma Almo Guerra) , tal que pueda constituirse una administración, resultante de la voluntad expresada por el pueblo en los comicios de noviembre del 2020.
Resulta difícil suponer que los gobiernos autoritarios de Rusia y especialmente China, la potencia asiática con mayor influencia en el país, estén dispuestas a exigir a los militares birmanos el retorno a la democracia. “Los pedidos de sanciones internacionales no son universales”. China y Rusia han rechazado los esfuerzos de otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU tendientes a condenar la sangrienta represión llevada a cabo por el Tatmadaw (idem). Lo cual está alcanzando - como dijimos - "el umbral legal para crímenes de lesa humanidad ” (Tom Andrews, relator especial de la ONU).
La comunidad internacional se ha supeditado a transmitir únicamente condenas recurrentes, se ha abstenido de ejercer “Presión Máxima”; en cambio, hasta lo ininmaginable es de vaticinar. Sin una acción multilateral, Myanmar podría volver a convertirse en un estado paria, dice Peter Kucik, ex asesor de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (idem, Cheetham)
Por si acaso, cabe mencionar que las milicias están financiadas mediante el narcotráfico, representan dinámicas más complejas que las de simples organizaciones criminales. En estas zonas, los beneficios económicos de la droga han servido para comprar armas, tierras, víveres pero también para pagar clínicas, carreteras y arroz para una población local, extremadamente pobre, frecuentemente sometida a los atropellos e injusticias del ejército (Patrick Winn).
A modo de cierre, y hurgando las penurias, afrontadas otra vez por el propio pueblo de Myanmar o Birmania – como se desee denominar -, fácilmente se puede detectar la reproducción mayor de las complejidades e irregularidades sociales y políticas, acogidas también por el contexto global de la pandemia de la Covid -19. La fuerza de las tendencias autoritarias o populistas, los círculos de la corrupción, aunados al deterioro generalizado sufridos por las libertades fundamentales, principalmente en las naciones meridionales, en lugar de apaciguarse, por el contrario, han hecho que, en medio de la epidemia, resurjan peligrosamente en las sociedades nacionales.
Ha empeorado la gobernabilidad democrática, a la libre operan los gobiernos corruptos, adjunto a la criminalidad transnacional; el desempeño de “las malas economías”, causantes de la inequidad social - el grueso de los habitantes “está lejos de vivir en dignidad”. Se intensifican los mismos síntomas de la inexistencia o restricción de oportunidades en materia de educación, empleo, salud, vivienda, a contrapelo de los postulados globales del desarrollo humano.
Resultan insolubles las fragilidades en el Estado de derecho, el punto de partida hacia las sociedades nacionales disruptivas o "fracasadas". Y que a consecuencia del hambre, la violencia y un casi disimulado “apartheid” racial, tanta gente de El Salvador, Honduras y Guatemala decide de forma desesperada “abandonar sus hogares o envía a sus niños en el peligroso viaje” a los Estados Unidos de América. Por ahora dejemos de imaginar que en un futuro cercano tales injusticias que condenan a nuestros vecinos puedan escalar al grado del interminable drama de los Rohingya.
*Mag. Ronald Obaldía. Correo electrónico: