Desde el 2018 se viene dando una serie de medidas en torno a cambios del Estado tal y como está establecido en Costa Rica.
Esto se vio reflejado cuando se produce la huelga de los diferentes sindicatos que representaban los empleados públicos de diferentes sectores.
A pesar de esto se aprueba la Ley 9635 de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas y que enmascara una serie de impuestos (que no son cobrados por igual a toda la gente) y que están afectando cada día más a los trabajadores y sus familias.
En enero la Asamblea Legislativa (no contento con esta Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), trata de imponer la Ley 21.049 de huelgas y en las que se atropella el derecho de manifestarse que tienen todos lo trabajadores sobre todo en nuestra democracia. En nuestra opinión una vergüenza que atropella el derecho de los trabajadores de manifestación y derechos contemplados en la Constitución de la República y el Código de Trabajo. Completo retroceso.
Ahora la Asamblea sigue empeñada en seguir adelante con la Ley de Empleo público y que MIDEPLAN apoya bajo la idea de que los costarricenses pagan los salarios mediante los impuestos que ellos pagan y que por eso no deben darse incentivos ni pluses salariares que se están viendo como costos adicionales para la Administración Pública desea aprobar. Sin embargo, las convenciones colectivas y otros beneficios están aprobados y contemplados por la Constitución y negociada por los sindicatos.
Pero esta ley o este proyecto ya venía dando pasos desde el 2010, en el que Rocío Aguilar Montoya, publica un documento sobre el Empleo Público Costarricense, en la Revista Centroamericana de Administración Pública. Y en ella se comenta que la Contraloría General de la República pide casi de forma urgente las medidas para modificar el empleo público sobre todo en la parte salarial.
Sin embargo, muchos de estos salarios no son tan altos en la mayoría de los funcionarios, pero sí en unos cuantos privilegiados. De ahí que al ajustar los salarios se deja de lado, los diferentes puestos que en varias entidades existen, pero en otras no.
No estamos de acuerdo en que hayan salarios millonarios de lujo vrs salarios en que las necesidades más básicas se ven completamente anuladas.
Pero muchas de estas medidas van a perjudicar a gran parte del sector público al reducir grandemente sus salarios que ya están congelados mientras que la inflación y aumento de los precios de alimentos y servicios sube continuamente y el dinero no logra cubrir las necesidades o los compromisos adquiridos.
¿Qué alcances puede tener este proyecto de empleo público en el sector social y educativo?
Alcances en la parte educativa.
Ahora bien, al ser un sistema en el que se quiere homogenizar hasta las universidades públicas y que son entidades autónomas, esa libertad de poder administrarse de las mismas sería gravemente afectado. Ya de hecho se vieron los recortes que a raíz de la “pandemia” hicieron que perjudicaron a muchos estudiantes tanto en las becas como en los cursos y que ha dejado a muchos profesores interinos sin trabajo.
Este proyecto del empleo público regiría en tanto que funcionarios se quedan o se van, bajo la idea de “eficiencia y eficacia”. Al no haber controles que regulen los nombramientos y sólo un ente que así lo disponga los empleados públicos podría ser contratados o despedidos según sea lo dispuesto. Expone así la regularidad o la estabilidad de las personas trabajadoras, sobre todo los del sector educativo.
Si se anula la autonomía de las universidades públicas, pueden verse en peligro las diferentes carreras, los proyectos de investigación, la contratación de personal especializado o más personal que pueda atender la oferta de cursos, becas y la posibilidad de estudio de muchos estudiantes que necesitan de incentivos que les ayuden a salir adelante.
En contraparte serían pocos los privilegiados que puedan tener acceso a una carrera profesional.
Sector Social
Ante la grave situación de desempleo que sufre el país tanto antes de la pandemia como ahora, el sector que ha estado dando la cara a pagos de pensiones, préstamos, servicios, la Caja del Seguro Social entre otros es el público. Ya que en el caso del sector privado el gobierno ha permitido toda clase de abusos como despidos, rebaja en salarios o en jornada laboral por tiempo indefinido y que ha hecho que más familias estén en situación de riesgo y de pobreza.
Al aprobar el proyecto de empleo público tal como se quiere aprobar se le estará dando un retroceso al Código de Trabajo ya que no estará normado adecuadamente lo que cada trabajador hace o gana.
Se pretende mediante esta ley regular y contener el gasto público, sin embargo, según datos de los especialistas como Sofía Guillén en cuanto al déficit no lo producen los empleados públicos como son los docentes y policías que son planillas grandes.
Muchas actividades asociadas a los empleados públicos como los docentes no se podrán hacer, porque los salarios no van a alcanzarán para subcontratar otras personas como son el cuido de los niños.
En el caso de los docentes, prueba que el salario no alcanza es que hay que tener no uno sino dos y tres trabajos para poder tratar de solventar los gastos y no se cubre casi nada del déficit fiscal que tiene el gobierno central.
Esperemos que este proyecto no sea aprobado.
Cátedra de Historia de la UNED de Costa Rica