Por MSc. Alonso Rodríguez Chaves*
En Costa Rica han sido transcendental los consensos para la construcción del sistema democrático. Principalmente, la estrecha convergencia entre la ciudadana ha dado un balance relativamente exitoso para enfrentar los problemas que han aquejado a la sociedad.
En general, esta notable trayectoria ha ayudado al país a adquirir avances significativos en el plano humano y seguridad social; ecuación perfecta con la que logró en otrora, sobresalir y obtener los más bajos índices de pobreza de toda la región. No obstante, estas loables condiciones se han venido deteriorando a causa de políticas inadecuadas, la ingobernabilidad e innumerables vicios que en su conjunto han ido socavando la sólida institucionalidad democrática.
Sin duda, lo anterior ha influido en la pérdida de confianza de los ciudadanos en la acción gubernativa y en las “estructuras” políticas tradicionales. Empero, este compendio de factores ha sido aprovechado por algunas voces populistas en los últimos procesos electorales, para captar a su favor el ingente caudal insatisfecho e inconforme.
Particularmente, pululan “nuevas ofertas electorales” que prometen con liderazgos “mesiánicos”, brindar soluciones a sempiternos problemas en tan solo un abrir y cerrar de ojos; lo cual basta de una simple malicia, para darse cuenta que se trata de frases tramposas e ilusas.
Así dentro de la caterva de ideas demagógicas usadas para deslumbrar al electorado discurren desde devolver la fe, la esperanza y la felicidad perdida de las personas hasta acabar con el alto costo de la vida, la enquistada corrupción, la vil abyección de la miseria, el desempleo, la exclusión, entre un filón interminable de penurias, las cuales se concretarían milagrosamente a partir de mediodía del 8 de mayo próximo.
Aunado, se nota un tono populista despótico con el que se ofrece la falsa idea al elector, que las cosas ya no se logran o resuelven haciendo uso del diálogo sino mediante el conflicto y la bronca. En tanto, se evidencia un discurso antisistema y a la vez antidemocrático, en el que guarecen expresiones autoritarias y extremistas, que promueven el irrespeto por el ordenamiento jurídico, los poderes de la República y las autoridades, por ser consideradas elementos potencialmente obstaculizadores para el desarrollo del país.
Por consiguiente, preocupa el nivel de incertidumbre que se entroniza en la población en relación con algunas instituciones que son bastión y orgullo de la democracia costarricense; al punto, que se insta de manera implícita y solapada, a dudar de su credibilidad, funcionalidad y principios loables a favor del bienestar común.
A cambio se insta al electorado a que sean ellos mismos quienes decidan, prácticamente sobre todos los aspectos que atañen al país e inclusive hasta en asuntos de suma sensibilidad, que requieren por su naturaleza de la aprobación y opinión objetiva de los expertos.
Si bien, el referéndum es un mecanismo consagrado a nivel constitucional y es saludable para la democracia participativa, al permitir convocar a los ciudadanos para que decidan sobre propuestas determinadas, la forma constante con que se ha planteado aplicar, podría consumir al país, en un nivel de ingobernabilidad sin precedentes.
Partiendo de lo anterior, las consecuencias serían nefastas, ante la eventual limitación y paralización del margen de maniobra del gobierno al tener que realizar consultas de este tipo de manera permanente. Sin duda, el país sucumbiría en un escenario de anarquía desbordada; pues la forma populista en que fue planteada, más que invitar a rebelarse contra lo establecido incita a muchos ciudadanos a caer en viles escapismos.
Así de instaurar el referéndum permanente se instalaría la dictadura de las mayorías, la cultura del corto plazo y el abandono de objetivos de más largo alcance; ya que el elector abogaría por intereses particulares y circunstanciales que no gustaría arriesgar en su momento.
Por consiguiente, es lamentable como se ha mentido a los electores, puesto que la figura del referéndum tiene sus límites y también excepciones, al no aplicar sobre temas de índole presupuestario, tributario, fiscal, seguridad, derechos humanos, entre otros de naturaleza administrativa o que puedan vulnerabilizar la estabilidad del Estado costarricense.
Ante la evidente inexactitud de la información brindada al electorado, urge que este investigue tanto de su significado como de los pro y contras a que se puede llegar con este tipo de consulta popular en caso de que sea asumido como una constante de un próximo gobierno.
Con estos discursos populistas electoreros, en que se promete dar mayor poder al pueblo, es claro que hoy más que nunca se requiere de mayor reflexión para emitir su voto y ser exigente, con quienes pretenden guiar el rumbo del país.
*MSc. Alonso Rodríguez Chaves.Historiador y docente de la UNED. Este artículo de opinión fue publicado en