Por Alonso Rodríguez Chaves, Historiador.
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En las últimas décadas, se ha producido una ingente pérdida de confianza de la ciudadanía sobre la acción gubernativa y en las “estructuras” políticas nacionales. Esta situación se evidenció, en la poca afluencia y participación de votantes en el recién pasado proceso electoral.
Así fuimos testigos, durante la primera y segunda ronda de una campaña electoral sin precedentes en la historia de Costa Rica, que en lugar de atraer, ahuyentó en demasía al electorado. Pues además de intensa y aberrante, el despliegue de actitudes de las personas candidatas a la presidencia de la República terminaron en demostrar, la gran incapacidad de convencer y tan siquiera sorprender.
Ante la cruda realidad, las organizaciones políticas participantes tuvieron que cambiar sus estrategias y adoptar en algunos casos, un discurso político populista de arrastre ultra neoliberal y mesiánico, cimentado en una infinidad de ilusorias promesas imposibles de cumplir.
De este modo, hemos sido testigos de un nuevo gobierno de populismo enconado y en que el actuar de varios de sus ministros resulta verdaderamente odioso y repugnante. Pues se han enfrascado en una competencia de quién es el más popular y patán, asumiendo que dicha actitud proyecta autoridad, seguridad y provee orden y progreso al país.
En el marco de este contexto de burdo exotismo gubernativo, la señora Müller-Marín, Ministra de Educación Pública nos deparaba ilusión y esperanza de ser una posible excepción; por su amplia experiencia de más de 35 años, en favor del combate de la pobreza, la equidad de género, entre otros importantes logros a lo largo de su encomiable trayectoria.
Empero, esta flamante imagen no tardó en ensombrecer, ante la posición tomada por Müller en la recién pasada negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el próximo año, cuando se miró altamente desconocedora del quehacer de las universidades públicas y de elementos básicos del ordenamiento jurídico costarricense que conciernen a la educación y que en su condición de máxima autoridad es de su obligación saber.
El fiasco se coronó, a niveles descomunales con la improvisación de sus planteamientos, ya que todos los argumentos ofrecidos fueron imprecisos, incorrectos y desatinados. La pifia no quedó ahí y conforme pasaron los días, su torpe e irresponsable actuar, hizo exacerbar los ánimos de toda la comunidad universitaria a la cual amenazó con reducir y violentar el presupuesto destinado a la educación superior por mandato constitucional.
Con ataques mal infundados y plagados de soberbia y altivez, fue terriblemente mal asesorada; en tanto, la precipitaron en anular la efectividad de la educación superior pública en favorecer la expansión y la movilidad social. En este sentido, se empecinó en denigrar e invisibilizar el papel histórico de la institucionalidad universitaria pública costarricense, al desconocer las marcas positivas y el gran espaldarazo que esta provee a la democratización de la educación, al mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo social y cultural del país.
Por ende, sus cuestionamientos resultaron falsos, al apuntar que las aspiraciones de las universidades públicas estaban agotadas, dejando en tela de duda, su calidad y efectividad. Con ello, la información a medias y deshilvanada que brindó la señora Müller-Marín, se convirtieron en elementos disparadores de estigmas en la opinión pública, que no tardaron en acusar a las universidades públicas como chivos expiatorios y víctimas propiciatorias de la desdicha que viven algunos grupos históricamente desasistidos.
Por consiguiente, es lamentable que pese las universidades públicas sean las instituciones más creíbles, ella siendo Ministra de Educación devele su interés en promover “reformas” estructurales políticas regresivas y antidemocráticas en detrimento de la educación pública. Así ya no hay disimulo, que es partidaria de continuar cediendo mayores prerrogativas y beneficios a grupos hegemónicos y argolleros que se han ido enriqueciendo con las universidades privadas.
Las respuestas aprendidas, guionizadas, posadas y repentinas de estos días, la sumieron en un terrible desprestigio de credibilidad y lo peor, en el más vil de los ridículos. Los comentarios emitidos distan bastante de la verdad, ya que las universidades públicas siguen vigentes como un referente de oportunidades para las grandes mayorías, en especial para poblaciones relegadas. Basta estar y preguntar en cualquier comunidad del país, para confirmar la amplia inversión, proyección social y posicionamiento que goza su quehacer.
Por más disimulo de Müller-Marín, quedó claro su defensa a ultranza de la privatización de la educación superior y los más infames deseos de privilegiar a las Universidades de capital privado con que se le relaciona a nivel familiar. Por ende, dicha situación la sumerge en un choque de intereses, en el que sus decisiones siempre estarán influidas y supeditadas por intereses familiares, personales y ARGOLLEROS; mismos en que en tiempos de campaña electoral repudiaron y prometieron desterrar.
En consiguiente, es lamentable que la señora ministra aún no comprenda, que ella está obligada a velar y defender la educación superior como un bien público, un derecho humano universal y un deber de los Estados. Su papel es salvaguardar la universidad pública y no los intereses hegemónicos de unos cuantos; que miran la educación como un servicio, un bien transable y un privilegio.
Por ética, por dignidad, por coherencia debe de renunciar de inmediato y deponer el interés propio en favor del país en general.