Por Mag. Ronald Obaldía González*
Desde comienzos de la década de 1980, nuestra nación ha experimentado cambios sustanciales en su estructura económica y productiva. De la tradicional economía agroexportadora, caracterizada por las ventas del café, el azúcar, el banano, carne, alimentos, etcétera, a los mercados internacionales, enseguida se adoptó entre las décadas de 1960 y 1970 el enfoque de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuyo pivote descansó en la industrialización por la sustitución de las importaciones y la operación de mercados cautivos y protegidos.
Posteriormente, nuestro país llegó a sumarse a los postulados del libre mercado a nivel global, abriendo sus fronteras a las alternativas del comercio, la inversión extranjera directa (IED) y los nuevos flujos financieros, como punto de partida de su política pública de desarrollo económico y social. Aparte de que la comunidad internacional sigue otorgando alto reconocimiento a la robusta democracia civilista, así como al sistema político, social, jurídico de la sociedad costarricense, su adherencia a los principios de la protección de los derechos humanos.
Dicho esto, añádase la racionalidad del desarrollo nacional con énfasis en la protección, la conservación ecológica – redituable para el turismo –, así también la justicia medioambiental. Una concepción también moral, cohabitable con el perfil contemporáneo de nuestro sistema productivo, el cual tampoco ha abandonado “al sector agropecuario rural y suburbano sostenibles”.
Por el contrario, los intereses de la seguridad alimentaria y nutricional dentro de los mercados, forma parte de nuestra “convivialidad, en aras de la contención del empobrecimiento, una alternativa sugerida por la filósofa Corine Pelluchon en su brillante ensayo intitulado “la ecología como nueva Ilustración”.
Los sucesivos gobiernos nacionales pusieron en práctica un conjunto de disposiciones y accionar, relacionadas con la liberalización unilateral, la diversificación productiva, la eliminación de rigurosos controles al comercio exterior (Víctor Umaña). Cobró vigor la participación de los acuerdos comerciales, sean multilaterales, regionales y bilaterales. Se dio impulso a la economía de los servicios, la industria de los dispositivos médicos, al sector inmobiliario, la actividad turística, la industria alimentaria.
Más acá, se puso en funcionamiento el régimen de zona franca, estrechamente vinculado con la atracción de inversiones. Luego con el ingreso de INTEL arrancó la economía digital, su activo preponderante: las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las que muestran ser “imprescindibles en la vida real de las sociedades contemporáneas”. Aquí ellas se han ido consolidando a pasos significativos.
Loa resultados arrojados en los diferentes ámbitos —empleo de calidad y potencial humano, capital físico, divisas, inversión, conocimiento, tecnología, “aumento de la productividad de los factores”, productos más complejos, variaciones en la infraestructura y bienestar del consumidor, entre otros— son notables y suficientemente probados (Umaña, ídem; CINDE).
A SUPERAR LA TRADICIONAL DIVISIÓN GEOGRÁFICA. ENTRANDO A FONDO. Hay un vigente debate en torno a los beneficios o inconvenientes que conllevan la creación o, en su defecto, la reducción de la cantidad de provincias, cantones o distritos, teniendo en cuenta la obsolescencia, la desfasada división territorial o la división político administrativa de nuestro territorio nacional, posiblemente causante de las desigualdades entre regiones. Existencia de contraposiciones que nos hacen repensar. Así entonces, (más provincias), “más cantones no es sinónimo de eficiencia”, de acuerdo con los resultados de los últimos estudios de índice de gestión de los servicios municipales (IGSM), elaborados por la Contraloría General de la República.
Cabe preguntarse dentro de ese desorden territorial y en la errática asignación de los presupuestos, qué sentido poseen los cantonatos de Guadalupe, Moravia, Montes de Oca, Curridabat, entre otros circuitos geográficos, cuando en verdad la distancia longitudinal entre ellos es de 7 o dos kilómetros. O qué los distritos de Zapote, San Francisco de Dos Ríos, tan absorbidos por dos de estos cantones, sean posesiones del cantón central de San José. Podemos seguir con trifulcas de tal envergadura solo para agachar la cabeza.
Tampoco se puede negar la necesidad de alcanzar un lógico reordenamiento territorial, según lo hacen ver algunos distinguidos observadores nacionales. Lo cierto es que diferentes grupos de presión, al igual que determinada dirigencia política regionalista guardan resistencia, en lo tocante a ofrecer soluciones apropiadas en tal asignatura. Resulta inútil gastar esfuerzos en constantes discusiones que casi nunca llegan a resultados. Ante las discrepancias, en su lugar nos hemos atrevido dar a conocer presupuestos, relacionados con la energía en virtud del propio desarrollo social de ciertas poblaciones rurales, bastante alejadas de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Las hemos denominado ciudades miniaturas (o miniciudades), cuyos habitantes al elegir una vida espiritual y materialmente gozosa, parcialmente se desligan de las promesas o expectativas convencionales del progreso humano, lo cual ha comportado una posición reducida a la mera innovación tecnológica, industrial y la urbanización (Corine Pelluchon).
Seguro que en los novedosos ordenamientos geográficos, las personas nativas o los nuevos colonos, alfabetizados digitalmente, aún más habrán de demostrar capacidades, favorecedoras de las innovaciones y desarrollos escasamente reconocidos y simples, coordinados por las organizaciones y las iniciativas comunitarias suyas, las cuales “suelen tener un mejor conocimiento y desempeño de los contextos locales” (Néstor Córdoba Marín).
Al cabo que merecen ser sujetos de la asistencia y la formación profesional y técnica, de los aportes de la academia; lo mismo que de los beneficios y los subsidios fiscales por parte del Estado, prácticas a las cuales jamás han renunciado llevar a cabo los países ricos del norte global (Fernando Zamora Castellanos).
Prescindiendo de tanto Estado, las gentes de nuestras miniciudades pondrán en marcha iniciativas de proyectos, relacionados con la eco-agricultura, la agricultura familiar, las tecnologías verdes, el eco-turismo, etcétera, con tal de producir y generar ingresos y bienestar.
Todo ello dependerá de la exploración y aprovechamiento de las ventajas comparativas con las que cada región o ciudad miniatura cuenta ( Córdoba Marín, ídem). Y que dicho sea de paso se eliminen las trabas y los redundantes trámites burocráticos, aquellos que frenan la creatividad y el impulso, en cuanto a los emprendimientos de la ciudadanía en general.
Por ellos se ven entorpecidas las políticas tendientes a dotar de “constitución legal” y legitimidad a la economía informal, en particular los negocios de los trabajadores independientes, así como la inserción al empleo de las mujeres jefas de hogar. Esa burocracia paralizante que en el gobierno de don Rodrigo Carazo Odio (1974 - 1978) impidió el florecimiento de las empresas de autogestión, que nuestro amigo Carlos Manuel Echeverría Esquivel, siendo Ministro de Planificación, intentó poner en funcionamiento, un programa que pudo encajar perfectamente con el accionar de las ciudades miniaturas, ahora emergentes.
PARTICULARIDADES SOCIOLÓGICAS. Constantino Láscaris Comneno (+) , el filósofo español – costarricense, quien por su propia voluntad prefirió usar la ciudadanía costarricense, en su manifiesto y avivado amor por el sistema democrático y el régimen de libertades de Costa Rica, cuantas veces tenía la oportunidad y con vasta simpatía, hizo referencia a los ingeniosos y pintorescos “turnos y las ferias populares”, organizadas, entre otros, por los miembros de las iglesias y las organizaciones de voluntarios en sus respectivas comunidades.
A nuestro subjetivo entender, aquellos fueron los precedentes de las actuales ciudades miniaturas, relativamente liberadas de las ataduras del Estado decisor. Según la versión del célebre filósofo, escritor, profesor universitario, además de Benemérito de la Patria (1998), con el empuje de los frecuentes eventos de tal calibre, fue que nuestra “Tiquicia” se fue autoconstruyendo como nación ampliamente libre y próspera. (Ver segunda parte el próximo mes).
*Mag. Ronald Obaldía González. Correo electrónico: