En estos días sorprende la forma tan apresurada e improvisada como se buscó poner en marcha la ley de empleo ´público. Esta norma y la familia de salarios que pretende implementar es un duro golpe a la clase trabajadora de nuestro país, pues viene a violentar la autonomía de las instituciones ya establecida en nuestra Constitución.
Un Reglamento sin pies ni cabeza, que viene a reforzar la inoperancia de un gobierno que solo ha tratado de pisotear los derechos de los trabajadores.En conferencia de prensa la señora Ministra de Planificación dijo que ni siquiera habían dormido para darle al país el Reglamento y poner en Marcha la Ley de Empleo Público, como si estos fueran la salvación del país, el salvavidas que va a sacar a nuestro país de la situación en que se encuentra. Pero en definitiva estas acciones traerán mayores afectaciones que beneficios no solo para la empleados públicos sino, en la prestación ser servicios, mercado de laboral en su conjunto, así como para la economía y consumo.
La solución radica en la búsqueda de beneficios para toda la población y el bienestar de nuestro país, para lo cual se ocupa participación de todas las partes involucradas, se logre el consenso y la participación democrática, no con arrogancia e irresponsabilidad.
La respuesta a la crisis es la justifica tributaria y el combate a la evasión y gasto superfluos, por lo cual es necesario hacer pagar a grandes empresas los impuestos que corresponden y que son evadidos con declaraciones de cero ganancias. Además, la aplicación de la ley contra los casos de corrupción y fraudes tanto en el sector público como privado.
La solución la tenemos cuando lleguen al frente de las instituciones públicos funcionarios de confianza puestos por el Gobierno de turno que estén comprometidos con el quehacer de las instituciones y no simple títeres que se mueven al son de la música.
La solución la tenemos cuando el pueblo no se deje endulzar sus oídos y pueda a los demagogos que solo buscan su propio bienestar y fortalecer su imagen a toda costa. La solución, la tenemos cuando aprendamos a defender nuestros derechos y no permitamos atropellos con leyes y reglamentos de este tipo.
En definitiva, si se aplica esta ley en los términos en los que se pretende hacer, afectará a miles de familias, tanto del sector público como privado, inyectará mayor desánimo y desconfianza en la economía, y sus repercusiones se observarán en la prestación de servicios públicos y la valoración del trabajo técnico y profesional. Ya que, al bajar los salarios en todos los sectores productivos, y a su vez desvalorizará el esfuerzo académico que implica la formación de personas y el estimulo para llevarlo cabo.
Cátedra de Historia UNED