Lo que sí es cierto que ignorar el contexto histórico de los acontecimientos económicos “constituye una receta” para las versiones equivocadas en la materia de las políticas de integración regional centroamericana, cuyos países conformantes están lejos de ser naciones pacíficas, de derecho, menos aun de las posibilidades de legítimo desarrollo humano.
Contrariamente a lo que se cree en general, las raíces de las degradaciones, en cuanto a la ingobernabilidad de hoy son más profundas que las complicaciones acarreadas por la pandemia de la covid-19”. Complicaciones que las adherimos a los incontenibles flujos migratorios con destino a los Estados Unidos de América y Canadá, iniciados en las guerras desatadas entre finales de la década de 1970 y 1996.
En tanto las gentes han intentado encontrarse en el extranjero (si se libran de las deportaciones) con un mínimo de mejores condiciones de vida; así como librarse de la corrupción, la violencia, la inseguridad y la pobreza. A la vez los emigrantes aportan ingresos a las economías de las naciones de origen suyas, a través de los envíos de remesas, las que tienden a representar allí casi el 20% del Producto Interno Bruto (Guía del Mundo, IteM).
Los Bancos Centrales informan que los sistemas conómicos de cuatro naciones de la región dependen en buena medida del aumento en las divisas que envían los migrantes desde Estados Unidos de América.
Los desequilibrios sociales y económicos habrían de empeorar si Centro América dejara de exportar pobreza al mundo altamente desarrollado.
Nos preguntamos que si por esas complicaciones existenciales,al ser de más bajas rentas dentro del sur global, nuestra región está ubicada en las escalas inferiores de los intereses geopolíticos y las relaciones cooperativas de Washington y la Unión Europea. Integración regional ayuna del cambio político. El Presidente costarricense Daniel Oduber Quirós (1974 - 1978), un pionero de la integración regional, un convencido socialdemócrata, estuvo pendiente de los avances del Mercado Común Centroamericano, el origen, según él, de toda integración económica y de todo desarrollo
(Alberto Baeza Flores) en condiciones de igualdad.
Había proclamado una integración consustancial con el cambio social a pesar de “las infraestructuras democráticas”, todavía extremadamente frágiles. Oduber la concibió (la integración) “en un destino conjunto”, en
unidad, en la cual la clase trabajadora estuviera inmersa y fuera
protagonista.
A la vez que le otorgó alta prioridad a los sectores de la agricultura y la ganadería, pensando en la soberanía y la seguridad alimentaria dentro de los sistemas económicos de nuestros pueblos. Él consideró un grave error el “distribuir pobreza”, en vez “de adquirir la capacidad tecnológica y empresarial”, en aras de competir con los países de elevados ingresos. A las seis naciones centroamericanas les planteó abiertamente los postulados de la paz, la
solidaridad y la justa distribución de la riqueza, eso sí “produciendo y produciendo”.
Tampoco dejó de señalar que los términos del intercambio comercial, económico y financiero “entre países ricos y países son cada vez más injustos” (Baeza, idem). Habida evidencia en que las crisis globales agravan el fenómeno de las distancias y las diferencias entre el desarrollo de las naciones del norte rico y el sur (global) pobre.
Durante su gestión gubernamental, el Presidente Oduber estuvo rodeado en Centro América de la seguidilla de autócratas militares o dictadores de viejo cuño, defensores de los peores intereses de las poderosas castas raciales, económicas y sociales (de origen doméstico y extranjero), en las que está concentrada la mayor parte de las riquezas nacionales.
Alejado del vocabulario protocolario, timorato, convencional e insustancial, llamó a la cooperación, la interdependencia, a la vigencia de las normas jurídicas obligatorias y a los derechos humanos, la base de los derechos sociales. Utilizando todos los canales de negociación y en sus convicciones hacia el respeto a la dignidad de los pueblos centroamericanos; entre muros y bajo el método de la comunicación diplomática, subrepticia pero racional, expedita, mantuvo el diálogo directo y franco con los dictadores de la región, lamentablemente sus colegas Jefes de Gobierno en aquel entonces.
La entrevista personal era parte de sus múltiples habilidades. Hasta el propio Anastasio Somoza se veía atraído ante el pensamiento lúcido y la contundencia del mandatario costarricense. Los dictadores de aquel entonces, subordinados a las rígidas clases dominantes, insensibles y socialmente rapaces dentro de sus respectivos países, conformaron un esquema de poder heredado desde los tiempos de la colonización española. Ellos mismos hicieron caso omiso de los consejos y las advertencias, nacidas del olfato político y la visión previsora de Oduber; en especial acerca de la imperiosa necesidad de abrirse al cambio real y la apertura democrática.
De lo contrario se expondrían a inminentes riesgos. Supusieron que el uniforme y los rifles serían determinantes en garantizar la estabilidad autoritaria, o prevenir subversión frente a “tal orden público”, liquidando cualquier acto que, según ellos, traicionara a la patria (Sergio Ramírez Mercado).
Al cabo que las predicciones llegaron a darle la razón a nuestro estadista e intelectual. La región terminó siendo víctima del caos y los derramamientos de sangre, producto de las guerras civiles, escenificadas por el antagonismo, los odios de las abusivas fuerzas armadas estatales y las radicalizadas organizaciones guerrilleras.
En el pasado se enfrentaron, pero entretanto se dividen los mandos en los poderes institucionales de tales naciones. E, incluso gobiernan con mano dura, sean los casos de El Salvador y Nicaragua, también en Honduras. Nuestras mentes albergan los genocidios, de los cuales las partes beligerantes fueron responsables, por lo que casi “hacen lucir mejor”, o hacen menos odiosas en estos tiempos a las pandillas delicuenciales (las denominadas “maras”).
“LOS DESCARTADOS POBRES DIABLOS” La complejidad del accionar delictivo en Centro América, en particular
las temidas maras, las organizaciones delictivas locales y transnacionales, compuestas en mayoría por jóvenes provenientes de familias socialmente excluidas; por jóvenes de orígenes centroamericano, deportados desde los Estados Unidos de América, constituyen los factores determinantes del ascenso de la criminalidad en las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras).
Dicho sea verdad, las pandillas o maras matan, extorsionan, hacen la vida imposible. Tampoco se puede negar que son productos de las estructuras socioeconómicas rígidamente excluyentes y discriminantes, aunque el grado de violencia y la criminalidad, originado por ellas, tampoco se compara con el elevado nivel de destrucción y las violaciones a los derechos humanos durante los combates que, particularmente en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, tuvieron lugar en las postrimerías del siglo pasado.
A “las maras” se le aplican castigos atroces en las cárceles salvadoreñas, acciones inhumanas que los gobiernos de Honduras y Guatemala tienen en mente importar del mandatario salvadoreño Nayib Bukele. En cambio la inmunidad e impunidad ha redundado a favor de los soldados y los guerrilleros, quienes gozan de completa libertad, producto de las amnistías y los acuerdos políticos celebrados. Tanto así es que ellos se enquistaron en las estructuras del poder formal y hasta plagian los comportamientos tan corruptos y mezquinos de sus
antiguos enemigos.
LA PODEROSA Y PATÉTICA REALIDAD. Atinadamente lo narra Sergio Ramírez Mercado en uno de sus escritos,
en donde el surrealismo predomina en la biografía centroamericana. Un surrealismo, adaptado a los tiranos “loquitos, tan subsistente con el movimiento estrafalario y excéntrico del despotismo en Nicaragua; con la apología de la crueldad y la venganza en El Salvador, reveladora del “populismo duro”, penal, recursos disuasivos del histriónico Nayib Bukele.
A la tesis de Ramírez Mercado adicionamos “el pacto de los corruptos”, tan ideado por el cómico, evangelista, acosador sexual Jimmy Morales. como el sucesor de él en la presidencia guatemalteca, sea Alejandro
Giammattei, ambos responsables del agudo deterioro del Estado de derecho, del clima de desconfianza e inseguridad: esto la materia prima de los Estados parias.
Las raíces y las escaladas de violencia siguen en pie. Hace ocho años los intentos de gente de avanzada impulsaron “la primavera democrática” guatemalteca. Hubo señales de reconstrucción y expansión por el istmo; comportó optimismo en cuanto a reducir los riesgos de haber ingresado a los laberintos de los Estados fallidos. Sin embargo, se toparon con la cruda realidad de los condicionantes históricos.
Rápidamente la desactivaron los poderosos socios del “pacto de los corruptos”, hecho a la medida de los intereses oscuros de ciertos grupos de políticos, empresarios, militares, empleados judiciales y burócratas, entre otros funestos personajes; posteriormente en capacidad de haber alcanzado su objetivo de desconocer o sabotear el eventual triunfo del político socialdemócrata Bernardo Arévalo en el proceso electoral del 20 de agosto del año en curso, maliciosamente interferido por la presente y malparada administración gubernamental.
Dentro del retroceso político de la región, equivalente a la gradual descomposición del Estado, el narcotráfico y los corruptos, sus principales cómplices, pretenden gobernar. Poseen ya su propia y elevada cuota de participación en la jugosa repartición de los réditos, desprendidos de la economía subterránea, antípodas del desarrollo humano, la inversión y el correcto desempeño empresarial.
El antiguo cúmulo de desigualdades y patologías sociales todavía persiste, ahondado ante los efectos del cambio climático; los constantes daños ambientales, también letales. Las afectaciones y las emergencias por doquier, originadas por los desastres en el pequeño territorio, de manera constante introducen atraso en el desarrollo,
marcan el colectivismo depresivo y el desencanto.
A la vista “las excepciones” de El Salvador, apenas se imponen la aberración, la imperfección de un supuesto orden social, inspirado “en el terrorismo de Estado”, cuyo objetivo “contra los pobres diablos”,
llega a reivindicar las “soluciones finales”. Las que fueran “el patrimonio” de un macabro pasado, que tal vez las fantasías del gran Jorge Luis Borges las trastocarían, pues aquí somos incapaces de “ser dueños de la vida, o tampoco lo es su muerte”.
CASUÍSTICA AUTORITARIA
En Guatemala ha habido un auge autoritario, irrespeto a los derechos humanos y deterioro institucional, acelerado desde la presidencia de Alejandro Giammattei (2020 - 2024), socio del “pacto de los corruptos”, quien ha llevado a la cárcel o al exilio a jueces, fiscales, periodistas, activistas de derechos humanos. La reacción que Guatemala parece haber tomado “es un ambiente de rabia silenciosa”, que en un principio llevó a miles de ciudadanos a las urnas con vistas a votar por el menor de los males. (LORENA ARROYO; EVELYN BOCHE VENTURA).
Los socios de “ese pacto” han hecho de un “Estado de Guatemala que se ha dedicado más a la corrupción que a su país. Todo se lo roban.” (ARROYO; BOCHE VENTURA, IDEM). Ello conlleva efectos perniciosos, en un país en el cual el 60% de la población vive en estado de pobreza y un 50% de niños padecen de desnutrición. En donde se hace visible una especie del “apartheid”, un atentado dirigido contra la dignidad y la integridad de las diferentes etnias aborígenes, además un fenómeno extendido por toda la región.
El legado antidemocrático de Jimmy Morales en Guatemala, producto de sus cuatro años de gestión de gobierno, consistió en destruir los avances en la lucha contra la corrupción, aparte que abrió la puerta a la impunidad en beneficio de algunos militares, señalados por crímenes de lesa humanidad (JOSÉ ELÍAS, EN: REUTERS). Razón por la cual en Morales destaca la expulsión en Guatemala de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas. De tal legado mafioso sacó provecho el Presidente Alejandro Giammattei. Asimismo, reiteró la destrucción de los avances en la batalla contra la corrupción y el crimen organizado, abriendo la puerta a la impunidad e inmunidad en torno a los crímenes arriba subrayados.
Con todo, al término de los comicios, con el balotaje del pasado 20 de agosto, hay un grato desenlace. Resultó ganancioso el sociólogo y académico Bernardo Arévalo, un socialdemócrata convencido de las ventajas de los derechos constitucionales y humanos, los derechos civiles, las libertades fundamentales, y enseguida a rechazar
cualesquier concesiones con el crimen organizado.
Al objetar las arbitrariedades del “establishment”, Arévalo ha sido visto con aprensión por la élite de politicastros y empresarial, no pocos militares, el rector del gobierno saliente y sus secuaces - a lo último se les ligó la perpetua candidata opositora Sandra Torres -; son particularmente los sectores delicuenciales dirigentes, conectados con el narcotráfico. Se han enriquecido a costa del fraude y la evasión fiscal; patrocinan la violencia, la persecución contra los disidentes y contestatarios del sistema, por eso eliminaron del proceso electoral a candidatos presidenciales que les representaron una seria amenaza a sus intereses particulares.
La fiscalía de la República, otras instancias judiciales, se aprestaron a marginar al hoy Presidente electo, persiguiendo su partido político “Semilla”. Han hecho cualesquier maniobras y arremetidas judiciales, encaminadas a sabotear el balotaje por el cual los guatemaltecos fueron a las urnas a emitir su voto.
Arévalo es un sociólogo de 64 años, hijo del primer presidente elegido democráticamente en Guatemala, Juan José Arévalo (1945-1951) en el contexto de la reformista “Revolución de Octubre de 1944”. Él electo promete seguir la senda de su padre con una sólida agenda social y de cambio. Nos comprometemos a abordar el ascenso al poder de esa personalidad política en un segundo escrito, a menos que resulten las acciones antidemocráticas, entorpecedoras de la transición hasta el 14 de enero del 2024, cuando se celebrará el traspaso del nuevo ejercicio
de poderes.
Hay ingredientes adicionales, insufladores del autoritarismo y el populismo. La alarmante fascinación subsistente en la psicología social, más si es manipulada en el instante por “el marketing político” a favor de un cierto populista, “ un dictador de opereta” (Constantino Urcuyo). “El mesías contemporáneo ” del pueblo salvadoreño que, a lo largo de su historia, continúa respirando los vientos del odio, acompañado de la venganza, al igual que de la represión, la guerra doméstica, la violencia en la cotidianeidad de las gentes.
Desviaciones que se tornan “en normalidades”, debido a la peligrosa y abierta aceptación de las medidas contra el régimen de los derechos humanos, puestas en práctica por el mandatario Nayib Bukele. El aprovechado, quien al sacudir “el statu quo”, después logra ascender a la presidencia, capitalizando el descontento social y la corrupción tanto de los anteriores demagógicos gobiernos derechistas como izquierdistas. Se ha conformado una gama nacional de “anomalías”, que tampoco el duro populista, pseudo demócrata abandona, en tanto que las alimenta, favoreciendo a sus allegados y serviles.
Tras la posterior inacción o falta de seguimiento de los acuerdos de paz centroamericanos, formulados e impulsados por el Presidente costarricense Oscar Arias Sánchez (1986 – 1990), otra vez resucitaron los males. Ha habido retroceso.
De los principales agentes del fenómeno identificamos también a la pareja gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, exguerrilleros y dirigentes del Frente Sandinista (FSLN); se apegaron a los recursos de los métodos violentos y demenciales. La pareja tirana se había negado a atender las justas peticiones de libertad y justicia - en cuenta la desaparición del corrupto régimen suyo -, desprendidas de las revueltas populares de abril y mayo del 2018.
En lugar de los esperados progresos democráticos, bajo el respaldo del ejército, la policía y los paramilitares sandinistas, Ortega y su mujer encontraron la respuesta “cómoda” de masacrar a casi 1000 personas, quienes encabezaron las movilizaciones. Ni un grupo pandillero (las maras) ha liquidado tal número de personas en un solo
mes.
APENAS UNA ILUSIÓN ÓPTICA. La elección de Xiomara Castro como Presidenta de Honduras supuso un respiro a la democracia, precedida de más de una década de gobiernos conservadores y autoritarios liderados por el Partido Nacional, quienes hubieron de garantizar la permanencia de una sociedad cuasi feudal. Solamente 228 terratenientes controlan más del 75% de las tierras (Guía del Mundo, IteM), al cabo que los altos jerarcas de las fuerzas armadas son propietarios de empresas, reciben jugosas regalías y dádivas, hasta son dueños de organizaciones futbolísticas.
Durante las presidencias de Porfirio Lobo (2010-2014) y, particularmente, Juan Orlando Hernández (2014-2022), ese país experimentó un profundo retroceso democrático, se desbordó la Mcorrupción, el país pasó a ser un Estado bajo el control del “narcotráfico”, convirtiéndose en un régimen autoritario ... marcado por la cooptación institucional, el debilitamiento del Estado de derecho, además de la falta de integridad electoral” (Lucas Perelló).
En la nación catracha continúa multiplicándose, sobre todo con los efectos pandemia del covid - 19 , los males estructurales , causantes de las diásporas de gentes —tales como los altos niveles de pobreza,
la inseguridad, la violencia y falta de oportunidades económicas—. Castro, por su parte, buscando "evitar el desplome de su popularidad”, se ha visto presionada a gobernar mediante decretos, por lo que ha dado prioridad a políticas, donde el poder ejecutivo tiene mayores atribuciones, tales como la seguridad—lo que explica, en parte, su decisión de importar las medidas desproporcionadas de Nayib Bukele, a fin de confrontar las pandillas y las organizaciones del crimen organizado (Perelló, idem).
Las constantes rupturas en la Asamblea Legislativa de la coalición partidaria, sostén de su gobierno, el radicalismo de los sectores de la izquierda del partido Libre, el suyo; los tentáculos de la ultraderecha - quien la acusa de “comunista” al entablar relaciones diplomáticas con China Popular - , menoscaban la conducción gubernamental. Por eso su gestión opera en condición de minoría: tan incapaz de negociar con la oposición y con los sectores internos de su denominación política.
Las credenciales democráticas de Castro podrían desdecirse, el nepotismo es parte de sus debilidades. Los grandes cambios que la Presidenta prometió como candidata, “incluyendo, notoriamente, las medidas para combatir la corrupción y alcanzar una mayor redistribución del ingreso nacional a través de una reforma
tributaria, distan de traducirse en logros y suscitar los apoyos necesarios” (Lucas Perelló).
No podría concluir este escrito, expresando nuestra alarma alrededor del peligroso avance del factor autoritario, populista, rupturista con los presupuestos de la democracia liberal occidental, lo cual hace
improbable que las cuestiones sensibles cambien sustancialmente en la región.
Hay operaciones retrógradas, representadas por la “dictadura imperfecta y brutal” de Nicaragua, quizás después importadas por el proyecto, por el momento cuasi autoritario, de Nayib Bukele; quien en detrimento de los derechos humanos y de las normas civilizadas de convivencia, endurece las leyes penales con el pretexto “de aniquilar” las maras en los centros carcelarios en camino a holocausto, so pretexto de perpetuarse en el poder.
Los gobiernos y la sociedad civil centroamericana pueden y deben ejecutar políticas públicas en materia de desarrollo humano sostenible, a través de la mejora de la productividad de las empresas
formales e informales (Ricardo Monge González), la buena estructura sanitaria; progresos en materia de salud, educación; sólidas redes de seguridad social, seguridad ciudadana y creación de empleos.
Objetivos que previó el Presidente Daniel Oduber en el contexto y auge de la integración regional, a fin de superar el extendido “apartheid” social plagado de pobreza y hambruna. Está visto que lo antes dicho supone poner “en práctica políticas arriesgadas” al statu quo. Las que de paso podrían ser torpedeadas por las castas dominantes y reaccionarias, respaldadas por la ultraderecha y las mismas fuerzas armadas, quienes todas juntas continúan enclaustradas en la época de la Guerra Fría.
*Mag. Ronald Obaldía. Colaborador del Boletín y especialista. Correo electrónico