"No me dio la gana"
La renuncia de Ana Catalina Müller como ministra de Educación deja un sinsabor y muchas preguntas sin respuesta. Más allá del acto de dimisión, lo que inquieta es la falta de un proyecto claro, público y debatido sobre el rumbo de la educación costarricense. Durante su gestión, distintos sectores exigieron conocer la mencionada “ruta de la educación”, término que se repitió con insistencia en medios y comunicados oficiales, pero que nunca fue materializado en un documento verificable. La misma ministra admitió que un documento de ruta no existía como tal, aunque “sí existía” la ruta. Una afirmación ambigua que pone en entredicho la transparencia de la gestión pública y quizás la seriedad con que se asumen las responsabilidades estatales.
Desde cualquier enfoque básico de planificación, resulta inconcebible hablar de una ruta sin contar con un plan escrito. Gobernar, y más aún en el ámbito educativo, implica trazar objetivos, establecer etapas, prever escenarios, asignar recursos y, sobre todo, rendir cuentas. No podemos imaginar que la educación nacional se gestione con una libreta de apuntes personales, ni mucho menos como un conjunto de decisiones unilaterales tomadas “sobre la marcha”.
Las acciones impulsadas durante la administración Muller atizaron el debate sobre la no divulgación de la ruta educativa. Se interrumpió la estrategia de informática educativa coordinada con la Fundación Omar Dengo, una de las iniciativas de larga data en el ámbito de la innovación pedagógica. También se eliminó el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, sin un análisis técnico público que justificara tal decisión ni una propuesta alternativa seria que reconociera la realidad de nuestras juventudes, más aún cuando el Estado de la nación reconociera con datos el impacto positivo de este tipo de programas.
No presentar una política educativa también es una forma tener una política: una política del silencio, de la opacidad y de la negación del debate. Esta actitud impide la participación ciudadana, bloquea el escrutinio democrático y clausura cualquier posibilidad de mejora colectiva. La ausencia de un plan no es neutral; es una declaración de intenciones. Y esas intenciones merecen ser analizadas.
Las palabras finales de la ministra no solo desconciertan: alarman. “No me dio la gana”, dijo, como explicación del porque no divulgó su ruta. Tal frase no es un gesto de firmeza, es un irrespeto hacia el cargo, hacia la institucionalidad y, sobre todo, hacia la ciudadanía. Equivale a decir “no tengo por qué rendir cuentas”, “gobierno porque puedo”, “hago lo que quiero y a nadie le importa”. Se trata de un acto de poder sin responsabilidad, una postura autoritaria que contradice la esencia de la función pública: el servicio.
¿Es esto lo que aceptamos como norma? ¿Hemos llegado a naturalizar que nuestras autoridades desprecien el diálogo, la planificación y la rendición de cuentas? ¿Qué dice esto sobre nuestras expectativas colectivas y nuestro compromiso con la educación como bien público?
Hoy más que nunca urge repensar qué significa liderar la educación en un país democrático. Educación que por cierto un padre de familia aplicaría para con su progenie si alguno le contestara “no me da la gana”.
Cátedra de Historia, mayo 2025.