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 H I S T O R I A  Y  S O C I E D A D
Boletín electrónico

 

     EDITORIAL OCTUBRE 2026

     Como cada año, la negociación del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) vuelve a ocupar un lugar central en el debate público costarricense. Durante este 2026, los intercambios entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para definir el presupuesto universitario del 2027 han evidenciado diferencias profundas sobre el crecimiento de los recursos, la sostenibilidad del sistema y el papel estratégico de la educación en el desarrollo nacional.

     Para comprender la encrucijada actual, es preciso recordar que el FEES constituye el principal mecanismo de financiamiento estatal de las cinco universidades públicas del país (UCR, UNA, TEC, UTN y UNED), amparado bajo el artículo 85 de la Constitución Política. No obstante, las tensiones presupuestarias se han agudizado. Para el período 2026, el Gobierno y CONARE pactaron un incremento del 1 %, fijando el fondo en aproximadamente ₡593.484 millones. Aunque este acuerdo priorizó el fortalecimiento de las becas estudiantiles, dejó al descubierto las severas limitaciones que impone la actual política fiscal frente a las crecientes demandas sociales.

     El escenario para las proyecciones de 2027 es sustancialmente más adverso. Ante la propuesta del Ejecutivo de aplicar un congelamiento presupuestario (0 % de crecimiento) y la solicitud técnica de CONARE de un aumento del 2,94 %, las mesas de negociación de la Comisión de Enlace se rompieron de forma prematura en abril de 2026. Al igual que el año anterior, este disenso obligó a trasladar la resolución del financiamiento universitario al plano de la Asamblea Legislativa.

     Para las universidades públicas, esta coyuntura plantea un desafío de supervivencia operativa. El financiamiento de la educación superior no puede evaluarse con criterios meramente contables o de contención del gasto corriente; se trata de una inversión de largo plazo cuyos rendimientos se miden en movilidad social, investigación científica, innovación tecnológica y cohesión democrática. Reducir el debate a una meta fiscal compromete la capacidad de respuesta del país ante transformaciones globales urgentes como la inteligencia artificial, el cambio climático y las mutaciones del mercado laboral.

     En este complejo entramado, la distribución interna del FEES adquiere un rol crítico, afectando de manera diferenciada a la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Para el año 2026, la distribución aprobada por CONARE asignó a la UNED un monto de ₡56.183 millones. Si bien esta cifra permite dimensionar el alcance institucional, resulta indispensable evaluar si la asignación presupuestaria guarda una relación proporcional justa con su robusta matrícula, su cobertura territorial única y su rol histórico en la democratización del acceso a las aulas en las periferias del país.

     La defensa institucional no implica evadir la autocrítica. Las universidades estatales deben seguir perfeccionando sus mecanismos de transparencia, planificación interna y rendición de cuentas ante la sociedad. Exigir la protección del FEES no es un llamado al gasto desmedido, sino una demanda para que las decisiones del Estado se sustenten en criterios técnicos y sociales, alejados de presiones coyunturales.

     A la incertidumbre de las negociaciones ordinarias se suma un preocupante patrón de incumplimientos financieros. El CONARE y las comunidades universitarias han manifestado su rotunda oposición a recurrentes mociones legislativas dirigidas a recortar los tractos correspondientes a los denominados "fondos postergados" del FEES, deudas históricas del Estado que debieron ser amortizadas. Estos recortes y retenciones —como los que impactaron directamente los flujos de caja previstos por la UNED— vulneran la planificación académica, lesionan la autonomía universitaria y amenazan la continuidad de la infraestructura regional y de los subsidios estudiantiles fundamentales.

     La discusión del FEES 2026-2027 no es un conflicto gremial ni una disputa exclusiva de la comunidad académica. La educación superior pública representa un motor esencial para mitigar la desigualdad y construir bienestar colectivo. Resguardar su estabilidad es defender el futuro de las próximas generaciones de costarricenses.

Cátedra de Historia de la UNED