Por Mag. Javier Olivares Ocampo*
Resulta que un sector de la clase política neoliberal pretende endosar el desequilibrio económico del país a los trabajadores del sector público; esos grupos apertrechados en algunos partidos políticos, medios de comunicación y sectores productivos privados, procuran seguir mintiendo sobre temas sensibles, como en el caso del déficit fiscal. En su propósito por desmejorar las condiciones laborales arremeten a diario con desprecio, recurriendo a argumentos inválidos que aunque son fácilmente rebatidos generan un clima de incertidumbre en menoscabo de la paz social.
Es detestable la campaña de descrédito a los empleados del sector público, el ataque directo a instituciones del estado como el ICE, CCSS, Universidades, que en algunos casos se convierte en una feroz persecución que daña el prestigio de entidades, personas y familias, en lo fundamental dañan la paz social, ofenden la dignidad humana y provocan un clima de angustia e incertidumbre sobre planteamientos que no son válidos, porque no es cierto que el déficit fiscal que sufre el país es culpa de los empleados públicos, como tampoco es cierto que para resolver la crisis fiscal debe atacarse al sector público, minimizarlo o desaparecerlo.
Las desigualdades, disparidades y manoseos de los recursos del estado, son desajustes de la planificación del recurso humano en Costa Rica que ha favorecido a un grupo privilegiado que obtiene ventaja de las sinuosidades legales; no así al conglomerado de trabajadores. La gran masa de empleados del estado no obtiene los supra beneficios, de aquellos que por alguna razón han logrado salarios tan altos como para sorprendernos, donde el asalariado más alto es 55 veces mayor al asalariado más bajo; o que 15 anualidades correspondientes a un auxiliar equivalen a 65.000 colones, lo que para un gerente sería 1.100.000 colones. Esos casos particulares son corregibles, sin necesidad de tantos aspavientos.
Es risible que quienes atacan a la clase trabajadora estatal desconocen las particularidades laborales, pretendiendo enfrentar al sector público contra el sector privado como si fuesen equiparables, sin tomar en cuenta que el 70% de los trabajadores estatales tienen título universitario, mientras que en el empleo privado apenas representanta un 21%. De igual forma, las reivindicaciones salariales de los funcionarios públicos son resultado de largos procesos de lucha y negociación que tienen asidero legal ineludible e irrenunciable.
El tema de empleo público merece una atención seria, formal, apegada a la ética, con el análisis científico tanto de las ciencias económicas como de las sociales. El país no merece que para desviar la atención de temas intrincados se acuse sin razón a los trabajadores públicos en una campaña de deshonor a la que debe ponerse freno, de lo contrario el resultado será exacerbar rencores para un clima de confrontación social que tanto daño nos causa como sociedad.
Tampoco es comprensible que se impulse una Política Nacional de Empleo Público que vaya en menoscabo de los trabajadores, ya que significaría retroceso y descomposición social. Como antecedente es necesario hacer remembranza de las leyes en torno a las pensiones del magisterio nacional, que en 1995 destrozaron a la familia educativa, luego de una extensa huelga colmada de violencia policial, infamia contra los educadores, pérdidas económicas, desequilibrio social, división del sector sindical, así como desesperanza para llegar a la jubilación.
Ese antecedente nos plantea un desafío, pero nos hace comparar quienes en aquel momento la impulsaron y quienes están impulsando hoy las leyes laborales que nos tienen en pugna, en aquellos años el presidente era José María Figueres Olsen, el ministro de Trabajo era Farid Ayales a quien la justicia tubo habida cuenta y otros políticos de ese momento pero que hoy se mantienen vigentes en los partidos tradicionales.
¿Qué tipo de políticos están pretendiendo perturbar la legislación laboral? Al parecer el clientelismo político llegó a su fin, los empleados públicos superaron la etapa “pega banderas” y eso al sector político le carcome el tuétano. Ante esto, a los costarricenses nos corresponde desmentir y actuar con cautela, ante las adversidades que se avecinan para no perder los derechos adquiridos, mantener vigentes los beneficios alcanzados, hacer posible el bienestar social, además de reconocer sin mezquindad la labor tesonera de los empleados públicos costarricenses.
*Mag. Javier Olivares Ocampo. Profesor de la Cátedra de Historia de la UNED. Correo electrónico: