En los últimos meses las finanzas pùblicas han ocupado buena parte de las discusiones en el Congreso, noticias y redes sociales. Para algunos la aprobación del plan fiscal es una tarea urgente debido a la compleja situación de las finanzas públicas. Sin embargo, existen algunas propuestas que han generado gran debate y polémica tales como el impuesto del 2% a la canasta básica, impuesto a servicios de educación y salud.
De acuerdo con algunos economistas, el déficit fiscal de Costa Rica oscila en el 6% del PIB, por lo que la implementación de medidas de contención en el gasto público tales como congelar plazas, anualidades y disminuir salarios de algunos empleados públicos no es la solución real, pues representa menos de un 2%.
El tema de fondo por atacar es la evasión y el cobro de tributos a empresas y grandes contribuyentes. Por tanto, cargar impuestos a la canasta básica y servicios de primera necesidad, implicaría castigar a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables de la sociedad. Aunado a esto, la disminución de plazas de profesionales junto con la caída de los salarios tendrá un impacto en la calidad de los servicios, pues ciertas carreras vinculadas con la prestación de servicios públicos, serían poco atractivas y rentables lo que provocará que las personas más capacitadas busquen otras opciones.
Es evidente la necesidad de una reforma fiscal, asì como de la revisión de los gastos del estado pero este proceso debe realizarse con base en los principios de justicia social y proporcionalidad. En este sentido, para nadie es un secreto que el sector de mayor poder adquisitivo utilizan diversos recursos para la evasión de impuestos. Sumado a lo anterior el TLC ha contribuido al déficit fiscal, junto con otras políticas y gastos no planificados del gobierno.
Las decisiones de reducir los salarios y la aplicación de nuevos impuestos a la clase popular es culpar a los sectores que no la han provocado esta crisis. Ejemplo de esto se observa en el hecho de para el 2013-2017 las grandes empresas en Costa Rica no reportaron ganancias, lo cual a todas luces no es posible debido a su volumen de ventas y estructura de costos.
Como universidad y acadèmia pùblica, es nuestra responsabilidad denunciar que estas medidas constituyen un ataque directo a la clase trabajadora y que la tarea urgente es reducir el nivel de evasión fiscal de 8.2 % del PIB. Es decir hacer conocer a familiares, vecinos, amigos, padres de familia y estudiantes sobre esta realidad para poder “educar” e informar a las personas sobre la realidad que estamos experimentado, la cual es el resultado de los pactos políticos con sectores empresariales, banca nacional, capitales externos, es decir existe fuertes intereses financieros que influyen en las decisiones políticas.
La reforma fiscal debe sustentarse en la simple pero contundente premisa de que “los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”. Además, esta reforma debe ir acompañada de mejores mecanismos de recaudación, donde existan fuertes penas para los evasores, pues hay evidencias de terribles casos de impunidad en el país, asì como de arreglos de pago que son risibles. Es necesario que este debate se conozca en los hogares costarricenses, con el fin de crear espacios de reflexión sobre estas problemáticas y sus implicaciones en la calidad de vida de los habitantes.
Cátedra de Historia de la UNED